La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y María Carolina Uzcátegui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), rechazaron las medidas tomadas por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) de exigir a los comerciantes bajar los precios en un 50%, que se aplicaron desde el pasado sábado.
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Un comunicado de prensa emitido este martes por Federaras indicó que el Gobierno Nacional «profundiza un modelo claramente fracasado, sin importarle que estas acciones signifiquen el cierre definitivo de empresas, el aumento del desempleo y la profundización del desabastecimiento». El gremio explicó que la rápida devaluación del bolívar, producto a la inactividad del del sistema de divisas de Cambio Complementario (Dicom), es lo que produce el precio final de los productos, y acusó al Ejecutivo de ser «el único responsable de que la calidad de vida de los venezolanos haya llegado a niveles tan críticos como los que vivimos, no el sector empresarial como pretende hacerlo ver».
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Por su parte, Uzcátegui advirtió que muchos comercios fiscalizados no podrán abrir en el 2018. Denunció además el trato que están recibiendo los comerciantes, con continuas amenazas de entrar a la fuerza en sus tiendas, si estas cierran. «Aquellos comercios que por cualquier razón estén cerrados, los amenazan con romperles los candados, con violar el espacio. Les importa muy poco cual fue el costo de adquisición y por supuesto, para nada el de reposición de los inventarios, ellos solo exigen que se venda al 50% lo que está allí«, indicó la líder de Consecomercio en exclusiva a Unión Radio, donde puntualizó que la medida no beneficia a nadie, porque a pesar de la rebaja los ciudadanos no tienen la capacidad de comprar, según su juicio.
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Por su parte, la ex presidente de este ente comercial, Cipriana Ramos, opinó: «La necesidad de la gente está obligándola a buscar lo más barato y el gobierno se aprovecha de esto para mantenerlos entretenidos. Siempre ha ocurrido por esta temporada», señalando que el Gobierno está «atentando» contra la propiedad privada, así como «un derecho constitucional sobre la iniciativa privada y su desarrollo».