
El mercado inmobiliario en Venezuela está en crisis, y fe de ello pueden dar, sobre todo, los muchos ciudadanos que se fueron del país. Ellos dejaron casas o apartamentos vacíos, totalmente abandonados, debido a que venderlos no representaba ningún provecho real. Un ejemplo claro de esto lo representa Francisco Rojas, periodista deportivo que hace tres años emigró a Ecuador en busca de un futuro mejor junto a su esposa.
La pareja, en un artículo publicado por el portal Contrapunto, indica que tomó la decisión de irse debido a la crisis socioeconómica. Por eso, y porque a Elena, de 33 años, le ofrecieron un puesto de trabajo en Ecuador en el que en un mes gana lo que en Caracas le tomaba cuatro años. Y no, aunque hubiese ayudado en la aventura, jamás pensaron en vender el apartamento que compartían en el este de Caracas.
¿La razón? Primero, porque no tenían seguridad absoluta de que jamás volverían y, segundo, porque la situación hizo que su precio se depreciara. Costaba 100.000 dólares hasta 2014 y, cuando recrudeció la crisis económica, su valor bajó hasta en un 50%. “Queríamos ver cómo nos iba. Ahora que estamos establecidos, es absurdo vender”, explica Rojas desde Guayaquil.
Y resulta absurdo porque las viviendas en Venezuela cuestan entre 70% y 80% menos que hace cinco años. Así lo asegura Roberto Orta, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, cuya opinión es respaldada por la corredora inmobiliaria Carolina Quintero: “Tenía un apartamento que costaba 170.000 dólares, y hoy no cuesta más de 70.000. Ofrecieron 50.000 y la propietaria (que emigró) prefiere dejarlo cerrado”, cuenta.
Mariana García, contadora que se fue en 2017 con su esposo y dos hijos, tampoco quiere vender su quinta en Caracas porque perdió más de la mitad del valor. “Dejamos la casa cerrada, intacta, nos fuimos con dos maletas y ya”, relata desde Estados Unidos… Y sí, esa es la opción que muchos están tomando: abandonar, no vender, e incluso no alquilar.
Y no alquilan por temor a perder el inmueble pues, a menudo, las autoridades impiden los desalojos. Rojas bien lo explica: “Aunque haya incumplimientos, luego no puedes sacar a los inquilinos”. La ley establece que el arrendamiento debe ser mínimo por un año y obliga a prorrogarlo entre seis meses y tres años más. Por ello, según Orta, la oferta de alquiler no representa más de 5% del potencial de mercado.

El riesgo de invasión
Carlos González, presidente de la Cámara Inmobiliaria, asegura que la desocupación de viviendas ha aumentado a la par de un éxodo que, según la ONU, ha sido masivo: el organismo asegura que unos 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones migraron desde 2015.
Ese abandono creciente, por supuesto, genera altos riesgos de invasión. De hecho, ya se ha denunciado que el fenómeno ha traído como consecuencia la proliferación de personas que deambulan por las calles de las urbanizaciones, chequeando los apartamentos con las luces apagadas para identificar inmuebles desocupados.
Ahora bien, ¿qué pueden hacer los vecinos más que estar atentos? Y peor: ¿Qué pueden hacer los que se fueron y dejaron sus propiedades acá? Realmente nada, pues se ven de manos atadas a la hora de vender (porque no reporta beneficio) o alquilar (porque es un peligro).