Prisión, refugio, exilio: ese es el destino para los «nuevos» titulares del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que a un mes de su asignación aún no han emitido su primera sentencia. A los magistrados juramentados para cumplir las labores del ente judicial les pusieron una blanco en la cabeza, desde que fueron inscritos ante el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional (AN) para optar al Poder Judicial.
El 21 de julio de este año el Parlamento nombró a los 33 magistrados del TSJ y pocas horas después, voceros del gobierno, en conjunto por el presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, declararon a los recién recién electros como usurpadores del poder y criminales, que deberían ser llevados ante la justicia por los cuerpos de seguridad.
«Al realizar ese acto irrito estamos en presencia de un delito en flagrancia permanente. Estos ciudadanos no solo cometieron el delito de usurpación de funciones, sino traición a la patria», dejó saber Mendoza en un comunicado.
Y desde entonces, los titulares han sido tratados como tal, ya que los que no se encuentran en custodia, están exiliados o refugiados en embajadas dentro del territorio nacional o en otros países. Se ha cumplido a cabalidad con la amenaza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aseguró que «todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otros«.
Alguno de los destinos de los abogados, han sido:
- Elenis Rodríguez (magistrada de la Sala Constitución): Su abogado Joel García Hernández declaró que su defendida se encuentra refugiada en la residencia del embajador de Chile en Caracas, Pedro Ramírez. Aunque el gobierno de Maduro no podrá detenerla mientras esté en el hogar del comisionado, tampoco ha permitido el traslado de Rodríguez a suelo chileno.
- Pedro Troconis (magistrado de la Sala de Casación Penal): Se vio obligado a exiliarse en Colombia al huir del Sebin y al llegar a territorio neogranadino denunció que los cuerpos policiales fueron a buscarlo en su oficina personal e incluso en casas de sus familiares.
- Ángel Zerpa (miembro de la Sala Político Administrativa): El que antes era defensor de la ex-fiscal Luisa Ortega Díaz en el antejuicio de mérito que le abrió el TSJ antes de su destitución, fue detenido, pocas horas después de ser juramentado por el Parlamento, por funcionarios del Sebin en Los Cortijos de Lourdes, en el este de Caracas. Es quizás el caso más grave de los 33 implicados en la persecución gubernamental, ya que fue retenido el 22 de julio y el mismo día procesado ante tribunales militares, siendo trasladado inmediatamente al Helicoide, en la capital del país.
A pesar de las penurias que han atravesado, los juristas aseguran no tener arrepentimiento y que continuarán por la lucha de la justicia en Venezuela.