La gerencia social es un campo de acción (o prácticas) y de conocimientos enfocados estratégicamente en la promoción del desarrollo social. Su tarea consiste en garantizar la creación de valor público por medio de su gestión, contribuyendo así a la reducción de la pobreza y de la desigualdad, así como al fortalecimiento de los estados democráticos y de la ciudadanía.
Se apoya en los aportes conceptuales y prácticos que simultáneamente le ofrecen los campos del desarrollo social, la política pública y la gerencia pública.
En tal sentido privilegia, a la vez, los enfoques y las acciones que provienen de los tres campos, dentro de las cuales merecen destacarse aquellas que fortalecen las capacidades y las oportunidades de los actores tradicionalmente excluidos, los procesos de formación de políticas públicas incluyentes y sostenibles y la generación de resultados de los programas sociales en el seno de las organizaciones donde se desarrollan.
El campo de la gerencia social no es nuevo, pues desde hace quince o más años, existieron en América Latina centros de educación y capacitación dedicados a la preparación de cuadros profesionales especializados en y comprometidos con el mejoramiento de los procesos relacionados con la formación, la implementación, evaluación de las políticas, programas y proyectos sociales. El campo se vino consolidando y formalizando en diversos espacios de investigación, discusión y práctica.

La gerencia de las políticas (y quizás, de toda la política pública) durante las últimas décadas en América Latina fue juzgada a la luz de los crónicos problemas de pobreza, desigualdad y desconfianza. Así, surgió la exigencia por parte de la ciudadanía respecto a una mejor gerencia de las intervenciones que proponen mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad y facilitar una transición hacia un futuro mejor la demanda por una gerencia más eficaz y eficiente.

Esta demanda no sólo se relaciona con un uso más eficiente de recursos públicos e intervenciones más efectivas en la mejora de la calidad de vida y las oportunidades, sino también más y mejores servicios públicos bajo un criterio de participación y rendición de cuentas ante la sociedad civil
También surge como un campo para enfrentar esta demanda, porque propone asegurar que las políticas y programas sociales respondan de manera valiosa, pertinente, eficaz y eficiente a problemas importantes para la ciudadanía, promoviendo así el logro de un desarrollo social equitativo y sostenible
Por eso en ocasiones es considerada como un proceso dinámico, multidimensional, que conduce a mejoras sostenibles en el bienestar de los individuos, familias, comunidades y sociedades, en un contexto de justicia y equidad. Este entendimiento, por naturaleza, es cargado de ambigüedad.